Las políticas públicas son
acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones
sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención
efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en
la definición de problemas y soluciones.
Las políticas públicas en
la educación son:
- Socialización del
diagnóstico de la educación básica
- Revisión del sistema educativo
para los niveles de educación
- El derecho a la
participación y toma de decisiones
La política pública en la
educación superior se debe a los siguientes acuerdos:
- Educación inclusiva (acceso, permanencia
y graduación): El sistema educativo
deberá ser incluyente y participativo en todos sus escenarios y públicos,
regiones, ideologías, personas en situación de discapacidad, minorías
étnicas, grupos vulnerables entre otros.
- Calidad: La educación superior colombiana deberá ser
reconocida en los ámbitos nacionales e internacionales y una buena
atención al estudiante como la razón de ser del sistema.
- Sistema de ciencia, tecnología e
innovación: El docente tiene la
función de agente transformador, por consiguiente debe estar a la
vanguardia de los avances científicos y tecnológicos de la nueva
generación para ponerlos en práctica en la formación que ejerce a sus
educandos; cuando esto no sucede el desempeño se afecta porque no se
obtienen los resultados esperados, además porque muchas veces se implementan
mecanismos obsoletos.
- Estructura y gobernanza del sistema: Se deberá impulsar una nueva forma de
relacionamiento entre todos los actores del sistema: estudiantes,
profesores, egresados, IES, gobierno nacional, gobiernos regionales,
cuerpos colegiados de las IES, sector productivo, así como una
reorganización de la tipología de las IES que favorezca una estructura
flexible, colaborativa, dinámica y contextualizada, además de la adopción
de prácticas de rendición de cuentas y de buen gobierno, así como
instancias que promuevan y velen por el cumplimiento de los más altos
estándares de calidad, la suprema inspección y vigilancia y la normativa
que rige el sector. Esto afecta a los docentes en el sentido de que hay
una cobertura insuficiente, una calidad muy desigual de las instituciones
y de los programas educativos, y una exigua racionalidad de la oferta que
en esas condiciones, se orienta más por la rentabilidad de las formaciones
ofrecidas que por las necesidades sociales.
- Una política de educación superior para
el país debería responder a los problemas señalados, hacer un balance
general de las exigencias actuales y proponer ideas orientadoras para los
procesos de formación en el sector. Probablemente las pautas estratégicas
más generales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario